Las administraciones no cumplen adecuadamente con su papel de dar a conocer a la población cuáles son sus derechos y como pueden acceder a ellos. Es una tarea imprescindible informar a la ciudadanía que lo necesita (normalmente los sectores más vulnerables) cuáles son sus derechos; ya que el desconocimiento hace que las personas beneficiarias no reclamen lo que por derecho les corresponde y, en muchos casos, una información adecuada, aliviaría su situación de precariedad.
Veamos dos ejemplos en los que se produce esta situación: La cuantía de garantía máxima para pensionistas a través de la RGI y la devolución de las cuantías abonadas por el copago farmacéutico en la CAV.
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